El fuerte olor a marihuana se percibía especialmente en el patio del colegio. Siete aparatos de aire acondicionado instalados en una vivienda contigua apuntaban directamente a la zona donde los niños salen a tomar el aire a la hora del recreo. El olor de la droga era tan intenso aquella mañana de noviembre que pronto alertó a los maestros y a todo el vecindario. Y por fin, alguien decidió llamar a la policía.

Como suele ocurrir en estos casos, los agentes de la Guardia Civil identificaron primero al inquilino de la vivienda –un individuo de 26 años- y solicitaron al Juzgado el registro del domicilio. En el salón no había muebles, sino 110 plantas de cannabis en estado avanzado de floración, 29 kilos de marihuana y dos máquinas para extraer polen y resina de hachís.

También descubrieron que la electricidad con la que se estaban alimentando las máquinas procedía de un enganche ilegal a la red. Luego, los técnicos de Endesa midieron el consumo: el equivalente a siete viviendas familiares con todos sus aparatos funcionando a la vez.

“Desmantelado un laboratorio para la elaboración de hachís junto a un colegio de Alhendín” era el titular de la nota de prensa remitida por la Comandancia junto a unas fotos con el logotipo de la Guardia Civil. La intervención fue noticia el pasado 22 de noviembre en todos los medios locales. Y como suele ocurrir en estos casos, pronto quedó en el olvido.

Desconectada la instalación, detenido el sospechoso y analizada y pesada la droga, la policía se retira y entonces la justicia entra en escena. La instrucción no suele ser complicada: una vez practicadas las pruebas, los investigados prestan declaración y la causa se envía a un Juzgado de lo Penal, que es el encargado de su enjuiciamiento.

Por posesión de 29 kilos de “maria”, la pena puede oscilar entre tres y cinco años de cárcel, más una multa proporcional al valor de la droga, y otro delito por defraudación de fluido eléctrico, que suele conllevar una indemnización a Endesa por la luz robada.

IDEAL informaba que solo en los partidos judiciales de Granada y Santa Fe los fiscales formulan alrededor de 40 acusaciones por tráfico de marihuana al mes. Es decir, cerca de 500 denuncias al año. En un completo informe de Yenalia Huertas, el fiscal coordinador antidroga de Granada, Luis Salcedo, reconocía que “el cultivo de marihuana en la provincia es alarmante, que nos hemos convertido en la primera productora nacional de “maría”, en el principal exportador de Europa y que el problema no solamente es el tráfico, sino el dinero que genera y la incidencia en la economía local, que está creando una zona de economía sumergida que ha de tenerse en cuenta”.

Según un estudio de la propia Fiscalía, es tal la potencia de la industria clandestina de la marihuana en Granada que buena parte de las cosechas ya se dedican a la exportación a distintos países europeos, que “han encontrado aquí una fuente de abastecimiento, que partiendo de pequeños cultivadores, mantienen el mercado abastecido de forma ininterrumpida”.

Es decir, las mafias europeas de la droga ofrecen a potenciales productores granadinos todos los elementos necesarios, tanto materiales como técnicos, para fomentar el cultivo y finalmente, les aseguran la compra de la producción, garantizando la inversión y la proliferación de nuevos cultivos.

En definitiva, el beneficio económico que obtiene un cultivador granadino es mucho mayor que el riesgo asumido. Si cuando llegue el día del juicio, el acusado –ese individuo que montó un laboratorio junto al patio de un colegio- admite su culpa, obtendrá una rebaja considerable de hasta un tercio de la condena. La mayoría de las condenas no suele superar los dos años y a muchos se les suspende la ejecución de la pena. Es decir, las penas son tan bajas que están fomentando la actividad.

Otro dato que revela la magnitud de este fenómeno es que la Guardia Civil y la Policía Nacional ya han intervenido plantas de marihuana en 106 de los 174 municipios granadinos, el 70 % de las poblaciones de la provincia. A la cabeza de ellos aparecen localidades como Atarfe, Pinos Puente y la propia ciudad de La Alhambra.

El juez de menores, Emilio Calatayud, escribía en su blog en 2015 sobre el “relajante” olor a marihuana que inunda la ciudad. El magistrado comentaba con fina ironía “sentir de un tiempo a esta parte un relax añadido en su paseo diario desde el Albayzín hasta Plaza Nueva, debido al olor a marihuana que desprende Granada”.

Está claro que el fenómeno de la “maría” en Granada es ya alarmante. No por su consumo, cada vez más aceptado socialmente y con un enorme potencial terapéutico, sino por la extensión de su cultivo, que ha generado una economía sumergida, la llegada de las mafias internacionales y la comisión de otros delitos, algunos incluso de sangre. Entre las posibles soluciones, estaría aumentar las penas, dotar de mayores recursos a la Fiscalía y las fuerzas de seguridad. O simplemente, legalizar su cultivo y venta, como ocurre ya en Holanda, Chile o Costa Rica.

Mientras tanto, Granada seguirá oliendo a “maría”. No solo el Albayzín y la zona Norte. Toda Granada. Y muchas de las plantaciones se descubrirán, además, porque es un delito que huele. El olor de la droga es tan fuerte que incluso puede colarse en el patio de cualquier colegio a la hora del recreo. Esto es bastante más grave. Pues nada, seguiremos relajándonos.

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