La trabajadora social afirmó, entre otras cosas, que faltan información y recursos para los enfermos mentales, así como una mayor sensibilidad por parte de la sociedad. El jefe de Policía explicó la labor que realiza este cuerpo, cuando los jueces y los sanitarios requieren su ayuda para internar a los enfermos mentales, donde a veces es necesario utilizar la fuerza, reducir al enfermo y hasta llevárselo esposado.
Por su parte, el juez de Familia habló sobre los traslados de los enfermos en crisis, donde la mayoría de las veces es necesaria la autorización del juzgado, así como cuando se produce un ingreso involuntario en un hospital psiquiátrico. Cuando el enfermo mental deja de tomar la medicación –que lo mantiene relajado– o tiene una crisis, puede mostrarse agresivo, pues en su mente hay una visión distorsionada de la realidad. La forense se mostró partidaria de que el enfermo debe de saber lo relativo a su enfermedad y justificó los ingresos involuntarios en personas amnésicas, en los casos de una depresión grave y de psicosis tóxicas, como viene ocurriendo durante los fines de semana entre los jóvenes que abusan del alcohol.
El jefe de servicio, de Psiquiatría, indicó que el 80% de los ingresos involuntarios se dan por Urgencias, y el 20% restante se hace de forma voluntaria. Dijo que, no hace muchos años, había tres auxiliares que se desplazaban en una ambulancia, reducían al enfermo, lo maniataban si era preciso y lo llevaban al hospital. Cobraban por acto realizado y, si no traían al enfermo, no les pagaban. Hoy, en cambio, hay un sanitario, un médico y un psiquiatra. Durante el franquismo, también se daba el caso de que un alcalde podía firmar una “orden de internamiento” de un vecino –por causas justificadas, o porque quisiera quitárselo de encima– y lo ingresaban una temporada en el psiquiátrico. Y en la visita de un alto cargo a Granada, el gobernador civil dio la orden de ingresar a once mendigos para quitarlos de la circulación. Añadió que el sistema sanitario está organizado para todos, menos para el enfermo mental –que depende del Servicio Andaluz de Salud Mental–, los citan cada dos meses, no hay visitas a domicilio de los psiquiatras y la familia tiene que sortear toda clase de obstáculos.
Un asistente al acto expuso que su hermano de 44 años estaba siendo maltratado física y psíquicamente, en una residencia privada, subvencionada por la Junta. Esto lo reconoció el enfermo, delante del familiar y del psiquiatra del Equipo de Salud Mental, que pudo comprobar que tenía una herida en la nariz a causa de un golpe que le propinaron. El psiquiatra prometió hacer un informe para que el enfermo fuera trasladado a un centro público, pero al día siguiente dijo que no había plazas y que siguiera en la residencia donde está padeciendo toda clase de vejaciones. El familiar puso una reclamación y, días después, cuando habló con un alto cargo del hospital, tuvo que oír esto: ‘Si yo fuera el psiquiatra, te denunciaba en el Juzgado’.
Esto es un submundo donde está todo por hacer, mientras que los enfermos mentales están en el mayor desamparo: no hay recursos, no hay medios. La Reforma Psiquiátrica consistió en cerrar todos los psiquiátricos en Andalucía, mientras echaron a los enfermos a la calle para que los cuidaran sus familiares. Según Instituciones Penitenciarias, uno de cada cuatro reclusos españoles padece alguna enfermedad mental, pero sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios: en Sevilla y Alicante. Creo que hay medio centenar de plazas, para 8.000 familias granadinas que tienen a su cargo enfermos mentales. Ayer precisamente me decía la Defensora del Paciente, Carmen Flores: “No descansaré hasta que a los enfermos mentales los atiendan como a los demás”. Pero, cuando una mujer llama por teléfono a la Policía, o tiene un moratón, toda la maquinaria se pone en marcha. Sin embargo, cuando a un enfermo mental lo maltratan física y psíquicamente, la maquinaria se pone en marcha, pero contra el denunciante, como yo mismo he podido comprobar”.
Este artículo salió publicado en La Opinión de Granada, el 17 de enero de 2009, y cuatro años después se puede decir que seguimos prácticamente en la misma situación. En otra ocasión, oí a un especialista en enfermos mentales que decía: “Ellos no pueden pedir más médicos, porque están en la calle al otro día”, se refería a los psiquiatras y médicos. Pero si los facultativos no denuncian las carencias del sistema sanitario –ellos lo conocen mejor que nadie–, ¿quién lo va a hacer? En cuanto a las visitas al psiquiatra, lo normal es que vean a los enfermos mentales cada seis meses. Ya me dirán el seguimiento que pueden hacer del enfermo, en una consulta que dura cinco o diez minutos. O que no llega a quince minutos al año.
El asistente al acto, que denunció que su hermano de 44 años estaba siendo maltratado física y psíquicamente, en una residencia privada, era yo. Desde 2009 soy tutor de mi hermano, un enfermo mental con cierto atraso. Estaba internado en una residencia geriátrica concertada, en un pueblo de la provincia, y aquí lo único que recibía eran malos tratos: lo tenían durante el día encerrado entre las cancelas de la rampa de una cochera, con cuatro radiadores de aire acondicionado sobre su cabeza, por lo que en el verano soportaba temperaturas superiores a los 44 grados y, cuando no, le propinaban golpes y patadas. El director de la residencia me decía que molestaba a los residentes o que lo metía en la rampa el tiempo de fumarse un cigarrillo. Denuncié estas vejaciones, maltratos y abandono en la Fiscalía Provincial, pero lo archivaron sin más trámites, con un informe de la Guardia Civil que dice así: “…no está sufriendo maltrato alguno por parte del personal laboral que se encuentra en el Centro prestando sus servicios, sino que por lo contrario se observó le unen lazos de afectividad por los 15 años que lleva en el Centro”. También puse varias denuncias en la Inspección de los Servicios Sociales, pero el resultado fue que el director tomó más represalias mientras archivaban las denuncias por falta de pruebas, sin más contemplaciones. Hasta que, en el verano de 2010, salió una crónica en Ideal con dos fotos del enfermo: sentado en una silla al final de la rampa y con varias heridas en los tobillos.
La reacción del director fue echar al tutelado de la residencia geriátrica (tenía a otros dos enfermos mentales y dos denuncias de otros residentes) y ya no tuvieron más remedio que buscarle una plaza, en una residencia para enfermos mentales, en un pueblo de la periferia de Granada. No hace mucho, algunas monitoras de la residencia me han dicho que mi hermano es el que mejor se porta. Hoy va solo a coger el autobús a Granada y anda por las calles, para venir a un centro de enfermos de su clase. Pero había estado prácticamente encerrado en la residencia geriátrica desde 1995 y la única conversación (de forma obsesiva) que tenía era que le racionaban el tabaco porque padece EPOP (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Lo cogió en la residencia al estar tirado en el patio, si sigue allí no sé qué hubiera pasado, porque no lo llevaban al médico. Cuando lo llevé al médico por mi cuenta, en los análisis descubrieron que padecía EPOP. Así que imagínense cómo anda la atención a los enfermos mentales en España.
Por aquellos días, hasta una asociación de enfermos mentales me puso un acto de conciliación, pidiéndome 1.000 euros de indemnización, por responsabilidad civil, porque varias personas denunciamos irregularidades en los medios de comunicación, como que el dinero de las subvenciones iba destinado a otros fines. No acudí al acto de conciliación ni les pagué nada. Contrataron a un abogado para denunciar a los disidentes. En cuanto a la Ley de Dependencia, hay que decir que los recursos están prácticamente paralizados. No hace mucho me decían que, en Cádiz, dieron la orden de que se gastaran todo dinero que había para la Dependencia, antes de las elecciones al Parlamento andaluz, que se celebraron en marzo del pasado año. A partir de entonces, todo está paralizado, en Cádiz y en Andalucía, mientras que la Administración andaluza y la central se culpan mutuamente de que no aportan su parte proporcional de financiación.
El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, dijo ayer en Ideal que en toda España hay un millón de enfermos mentales, de carácter grave, lo que representa un 3% de la población. De los 20.000 enfermos mentales que hay en Andalucía, 9.000 viven en la provincia de Granada. También ha denunciado el «desamparo en el que se encuentran las personas con algún tipo de enfermedad mental grave en Granada y, por ende, sus familias, debido a la falta de recursos para atenderlos y al desgaste que supone cuidarlos en casa”. El Defensor ha solicitado «un cambio radical en la atención al enfermo mental» y, además, que se lleve a cabo por parte de la Junta de Andalucía «un plan de choque para paliar las carencias en salud mental en Granada, derivada por la falta de recursos, tanto sanitarios como sociales». Martín ha denunciado también que las listas de espera para ingresar en un centro es de «tres a cuatro años», y por eso, además de más recursos específicos para los enfermos mentales, ha solicitado que «se desbloqueen las listas de espera». El 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y es de agradecer el interés que el Defensor del Ciudadano muestra por los más débiles, que esto no se quede en las palabras. Con dinero se construyen residencias, se crean plazas y se contrata al personal especializado.
Por mi parte, he querido dedicar este artículo a los enfermos mentales, pero, como siempre, en España vamos con un cuarto de siglo de retraso respecto a Europa, más o menos. Y como digo, queda todavía mucho por hacer.
