José A. Delgado: «Dé la palabra a los ciudadanos, Sr. Presidente»

Creo que el tiempo político que vivimos es lo suficientemente convulso como para que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez dé la oportunidad a los españoles para expresarse en las urnas.

Éstas son algunas de las señas de identidad que caracterizan a dicho tiempo. El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado: “Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados (art. 417.1) del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales”.

La fiscalía, ¿de quién depende?, preguntó el Sr. Sánchez al periodista del programa 24h de RNE que lo entrevistaba: “Sí, sí, del Go- bierno”, respondió éste, “pues ya está, concluyó el presidente”. José Luis Ábalos y Koldo García están en prisión por una supuesta trama de corrupción. Éste pasó pasó de portero de puticlub a asesor del ministro sin hacer oposición alguna. Pedro Sánchez dio explicaciones tras tener conocimiento del informe de la guardia civil que investiga la causa abierta contra su exministro, y pidió perdón a la ciudadanía, especialmente a los militantes y simpatizantes del PSOE. Y Santos Cerdán, último secretario de Organización del PSOE, ha salido recientemente de la cárcel tras cinco meses a la sombra.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia en la que avala la “Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña”, aunque con ciertas reservas. El Tribunal ha subrayado que la amnistía no está prohibida por la Constitución Española, y que su adopción puede ser constitucionalmente admisible cuando responde a una situación excepcional y a una finalidad legítima de interés público. Sánchez dijo que “Es una buena noticia para España y para la convivencia”. No obstante, él negó esta amnistía a los nacionalistas tanto en el Congreso como en el Senado con estas palabras: “Este Gobierno no va aceptar la amnistía porque no entra en la Constitución Española”. Asimismo, treinta y ocho ex altos cargos del PSOE, pidieron a Pedro Sánchez su inmediata renuncia como secretario general: Antonio Ojeda, Paulino Plata, Nicolás Redondo, Jesús Quero o José Rodríguez de la Borbolla entre otros, y Moncloa admite que la Seguridad Social arrastra un agujero de 126.000 millones de euros. Igualmente el juez Peinado pide al Supremo imputar a Bolaños por malversación y falso testimonio. Este magistrado implica al ministro en la supuesta contratación irregular de la asesora de Begoña Gómez y pone sobre la mesa la posibilidad de registrar La Moncloa.

El País de 25 de junio de 2025 traía este titular: “El Congreso se anega de casos de corrupción y de puteros ́”. Consideró que los ministros de Podemos, y dado que venían a combatir todo tipo de corrupción, deberían haber dimitido ante el escándalo del “Caso Koldo”, pero no lo han hecho. Quizás hacen caso omiso a Giulio Andreotti que presidió el Consejo de Ministros italiano en diferentes Gobiernos, que decía que “El poder desgasta al que no lo tiene”, y ellos no quieren desgastarse. Y Junts pel Sí, como buenos independentistas, a lo suyo. Según Jordi Turull “Nosotros en Madrid no tenemos amigos, tenemos intereses”. Ellos saben que si el Gobierno de Pedro Sánchez cae, las medidas que están negociando con él no las conseguirán con el PP: aplicación de la ley de amnistía a Carlos Puigdemont, reclamación de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, delegar las competencias en inmigración o la financiación singular para Cataluña. Por otra parte, Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, declaró ante el juez Juan Carlos Peinado por un presunto delito de malversación de caudales públicos en la contratación de Cristina Álvarez como su asesora en Moncloa. Y la jueza de Badajoz procesó a David Sánchez (hermano del presidente) por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Sánchez tampoco se someterá al debate sobre el Estado de la Nación; el presidente, que propuso su obligatoriedad anual, sólo ha protagonizado uno en siete años de mandato.

Tres son las medidas que la Carta Magna contempla para un posible cambio de Gobierno: elecciones generales, moción de censura y cuestión de confianza. Las elecciones generales, cuya convocatoria se lleva a cabo a propuesta del presidente del Gobierno, se contemplan en el artículo 23 que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de representan- tes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. “No habrá convocatoria electoral hasta 2027 porque esto no va de mí”, ha manifestado Pedro Sánchez. Respecto a la moción de censura se establece que “El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno” (artículo 113). Recordemos que Pedro Sánchez llegó a la presidencia en 2018 por este procedimiento interpuesto contra Mariano Rajoy. Y en cuanto a la cuestión de confianza, es el presidente del Gobierno quien la propone y se debate en el Congreso de los Diputados:“En caso de que el Congreso niegue su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de presidente del Gobierno, y el candidato propuesto expondrá al Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara: el Rey le nombrará presidente del Gobierno” (artículo 114). La realidad nos dice que el presidente no ha convocado elecciones generales y no se ha sometido a una cuestión de confianza. Tampoco la oposición ha conseguido armar una moción de censura y en esas estamos.

Al hilo de lo expuesto deseo recordar que el esperpento es una técnica literaria creada por D. Ramón María del Valle-Inclán. El Diccionario de la Lengua Española la define como “Persona, cosa o situación grotescas o estrafalarias”. ¿Tuvo tal vez el autor de “Divinas palabras” una visión profética de la situación política en la que actualmente se encuentra España? Tal vez.

José A. Delgado

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