Vaya por delante que el trabajo de los políticos, que viene de muy antiguo, es un oficio noble y digno; la indignidad proviene de su comportamiento, de la manera de debatir en el Parlamento y en el cómo afrontan los problemas.
El descrédito de la política entre los españoles es una constante después de haber vivido momentos lúcidos y ejemplares como el de la Transición. Así lo refleja el “Estudio sobre confianza en la sociedad española” llevado a cabo en España en octubre de 2022 por la Fundación BBVA. El método empleado fue el de encuesta telefónica sobre 4.000 casos y un universo de población general de 18 años y más. El trabajo se realizó sobre 22 instituciones y la sanidad pública ocupa el primer lugar con un 88% de confianza; por el contrario, la clase política, representada por sus partidos, se sitúa en el último con un 28% de confianza. Comparto la opinión de John Carlin cuando en su libro “La sonrisa de Mandela” dice: “Nuestra fe en los líderes políticos ha tocado fondo”. Yo, con su permiso, comparto esta opinión refiriéndome a los nuestros. Creo que la corrupción, el transfuguismo y la ineficacia en la gestión son rasgos que definen a nuestra clase o casta política (Pablo Iglesias, dixit).
Se dice que cada país tiene los políticos que se merece, pero estoy convencido de que esta afirmación referida al nuestro no es cierta. Los españoles no nos merecemos la clase política que sufrimos. Quiero avalar esta aseveración con algunos hechos. Llegan al Gobierno pidiéndonos el voto mediante un proceso electoral en el que hacen promesas que luego se convierten en papel mojado; el Congreso, órgano de discusión y debate, se convierte con demasiada frecuencia en un patio de vecinos mal avenidos en el que, más que convencer al oponente se pretende humillarlo: a más humillación más aplausos de la claque. Y el Senado, la cámara de representación territorial, parece un cementerio de elefantes y un lugar para premiar a los presidentes de las Comunidades Autónomas cuando pierden el Gobierno. El premio consiste en ofrecerles un escaño para gozar de una tranquila jubilación. A pesar de ser la cámara de la segunda lectura de los proyectos de ley del Gobierno, es el Congreso quien finalmente asume o rechaza estas enmiendas: ¿entonces?
Sabemos que en España existen territorios como Cataluña que todavía no sabemos lo que es: ¿nación?, ¿nacionalidad?, ¿región?, ¿Comunidad Autónoma?, ¿ente de ficción?, ¿ensoñación narcisista?… Lo que sí sabemos es que en este territorio se dificulta la aplicación de las sentencias. Como ejemplo basta estas tres muestras. El Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, al igual que el Supremo y el Constitucional, ha establecido que el castellano debe ser lengua vehicular y ha fijado un mínimo del 25% de las materias a impartir en esta lengua. Pues bien, a las pocas horas de salir la sentencia, el Gobierno dijo que no la cumplirían. ¿Dónde está la Alta Inspección de Educación del Estado? Igualmente hubo un golpe de Estado de 56 segundos para independizar Cataluña de España y sus responsables fueron condenados por el Tribunal Supremo a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por sedición. Pues bien, tras una breve temporada a la sombra, fueron indultados. Como señal inequívoca de su arrepentimiento, las primeras palabras al salir de la prisión fueron estas: “Ho tornarem a fer”, una manera wodeliniana de arrepentimiento. Nuevamente retoman el derecho a decidir y su presidente Pere Aragonès ha propuesto al Gobierno “Un Acuerdo de Claridad al Estado que identifique cuándo y cómo Cataluña podrá volver a ejercer el derecho a decidir como han hecho Canadá y Quebec”. Y ello a pesar de que la Constitución no contempla, como en ninguna otra nación de Europa, el derecho de un territorio a desgajarse.
Las Diputaciones, que tienen encomendadas el gobierno y la administración de la provincia (art. 141.2), son las grandes desconocidas de nuestras instituciones. De vez en cuando se dice que las van a eliminar pero ahí siguen impertérritas. Un elemento que contribuye al descrédito de la política es la corrupción de la que últimamente vamos bien “despachaos”. Valgan dos asuntos recientes: el “caso Gürtel”, denunciado por la Fiscalía ante la Audiencia Nacional por la creación de una red de corrupción política vinculada al PP; y la investigación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que ha desentrañado los entresijos de la red clientelar tejida por el PSOE en Andalucía. José Antonio Griñán y Manuel Chaves, expresidentes de la Junta de Andalucía implicados, fueron condenados: Griñán por malversación y prevaricación y Chaves por prevaricación. Comprobamos también el trabajo que cuesta a nuestros diputados lograr consensos sobre cuestiones claves como la educación. Desde la implantación de la democracia han sido incapaces de urdir un “Pacto de Estado” sobre esta cuestión que tranquilice a familias y los profesores puedan diseñar su trabajo a largo plazo. La educación es demasiado importante como para estar al albur del Gobierno de turno.
Los Ayuntamientos cometen a veces atropellos contra el medio ambiente difícil de remediar. Un ejemplo paradigmático de esta realidad sería el del hotel “El Algarrobico” situado en Carboneras (Almería), que después de 15 años de sentencias condenatorias, los jueces alegan que su derribo todavía es improcedente. ¿Hasta cuándo? Como diría el bueno de Forges, ¡país!
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