No sé por qué nos estamos empeñando en poner “nuevos nombres” a las cosas. Quizá, en el mejor de los casos –quiero pensar–, sea para recordarnos que hay cuestiones que no se deben dejar de observar, pues afectan a los derechos humanos y, por tanto, al buen gobierno y la civilización.
Una de estas denominaciones es “compliance”, lo que siempre se denominó cumplimiento normativo: “(…) resulta clave también en el ámbito de la gobernanza, de la empresa, buen gobierno o gobierno corporativo” (ESIC).
Y parece que esta moda está alcanzando a todos los sectores de nuestra sociedad. Fijaros que hasta la Comisión Permanente de los obispos españoles –según una nota de prensa distribuida a los medios de comunicación– los prelados “han recibido información sobre la necesaria puesta en funcionamiento de las políticas de cumplimiento (Compliance) en las instituciones de la Iglesia”, lo que, según el mismo comunicado, “produjo un entusiasta debate en los miembros de la Permanente. Desde los que se preguntaban si esta normativa se puede aplicar a la Iglesia, Conferencia Episcopal y diócesis, hasta lo que se mostraron entusiastas de un desarrollo del Compliance que coloque a la Iglesia en una posición ejemplar en la sociedad”.
La pregunta –por otra parte obvia– es ¿por qué necesitamos este tipo de recordatorios para ser modélicos?
Como comprenderéis me refiero a todo el cuerpo social, pues la ignorancia de la ley (de las obligaciones, añado yo) no impide su cumplimiento. Y aunque esta afirmación, según Antonio Cabanillas Sánchez, catedrático de Derecho Civil, “significa que la ignorancia no puede ser obstáculo para el cumplimiento de las leyes. No se impone la obligación de conocer las leyes ni implica una condena de los que ignoran el Derecho. Se afirma la voluntad de que el Derecho se cumpla”, sí tiene, a mi modo de ver un mandato inexcusable: la no validez de hacerse el “despistado” –por llamarlo de alguna forma– para eludir las consecuencias de aquellas acciones que afectan negativamente al resto de los mortales.
