Lo sucedido el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta puede considerarse, cabalmente, como una invasión
La reciente crisis de Ceuta constituye, en términos políticos, un hecho de extrema gravedad respecto del cual no me resisto a compartir con los lectores algunas reflexiones personales con el doble objetivo, por una parte, de tratar de dilucidarlo y, por otra, de efectuar una modestísima aportación para que fenómenos análogos no se repitan en un futuro.
La primera de ellas consiste en que lo sucedido el pasado 30 de julio en la ciudad autónoma de Ceuta puede considerarse, cabalmente, como una invasión (con la peculiaridad de que fue protagonizada, no por militares, sino por civiles, en concreto, por “migrantes en busca de una vida mejor”), pues únicamente así debe calificarse la irrupción en ese enclave español, de 83.000 habitantes, de 60.000 personas en un solo día —en su mayoría, jóvenes marroquíes—, lo cual equivale a un porcentaje de más del 70% de la población habitual de aquel.
La segunda es la responsabilidad de las autoridades del reino alauita en lo acaecido, aunque solo sea por omisión, al no impedir que tal avalancha humana entrara ilegalmente en una parte de nuestro territorio nacional. Un episodio que, por sus características, podría inscribirse en lo que los expertos denominan «guerra híbrida» y que obedecería, en lo que se refiere a nuestro incómodo “vecino del sur”, a reivindicaciones tradicionales, rivalidades regionales e, incluso, a pugnas deportivas vinculadas a cuestiones de prestigio y proyección internacionales.
La crónica mendacidad de los miembros del Gobierno español actual representaría la tercera de esas reflexiones, patente, en el asunto que nos ocupa, no solo en atribuir el asalto masivo a Ceuta a la acción de las mafias (algo que resulta, a todas luces, ilógico pues aquellas no iban a obtener ningún beneficio de ello en el caso de que lo hubieran promovido), sino también en negar que tuviera información de lo que se preparaba cuando está constatado que recibió varios avisos previos de fuentes diversas en ese sentido. La verdad es que nos toman por “menores de edad” en vez de, como deberían, por ciudadanos lúcidos y maduros.
La cuarta de ellas vendría a ser una especie de corolario de lo que ya se ha dicho antes y coincide con esta tesis que han expresado muy bien Héctor Cebolla y María Miyar en un esclarecedor artículo conjunto: “Marruecos está dirigido por una élite muy estable y estratégica que, con seguridad, tiene menos escrúpulos para planificar que los líderes que seleccionan nuestros partidos”. En efecto, en contraste con nuestra democracia —donde la propia dinámica de aquella impide el desarrollo de estrategias coherentes y sostenidas en el tiempo en, prácticamente, ningún ámbito—, en la autocracia alauí, en virtud de la naturaleza misma de esos sistemas políticos, sus dirigentes pueden hacer planes a largo plazo y su principal plan consiste en el “Gran Marruecos”, el cual, en lo que atañe a nuestro país, implica poner bajo su soberanía todas las posesiones españolas en el norte de África así como las islas Canarias.
Mi reflexión final se resume, a tenor de lo anterior, en lo siguiente: si bien no cabe reputar todavía a ese Estado en cuestión como un enemigo, sí conviene contemplarlo como una amenaza potencial, porque el cumplimiento de sus designios expansionistas implica el menoscabo de nuestra integridad territorial. Esta realidad evidente obligará, para hacerle frente, a un nuevo Ejecutivo verdaderamente comprometido con la buena gobernanza de nuestra nación —del presente nada hay ya que esperar salvo, acaso, lo peor— a implementar estas medidas, al menos, que me parecen imprescindibles:
- En primer lugar, proclamar rotundamente, tanto a nivel interno como externo, la inequívoca españolidad, basada en sólidas razones históricas, de Ceuta y Melilla. La mejor señal en ese sentido sería que Su Majestad el Rey las visitara sin complejos, cosa que aún no ha hecho, siempre que lo estimara oportuno dado que forman parte inalienable de nuestra patria.
- En segundo lugar, blindar las fronteras de ambas plazas, para lo cual se necesitaría un adecuado despliegue tanto de medios como de recursos humanos, protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad claros y contundentes, así como reformas legales que amparen el uso de métodos expeditivos por parte de aquellas.
- En tercer lugar, reaccionar sin demora y de forma proporcionada a los gestos inamistosos de Marruecos, con la adopción de respuestas militares, diplomáticas, económicas o de otra índole contra el país magrebí.
- En cuarto y postrer lugar, tejer una tupida red de alianzas internacionales que disuada a nuestro conflictivo vecino meridional de cualquier intentona lesiva para nuestros intereses nacionales, lo cual pasa, inexorablemente, por restañar nuestras deterioradas relaciones actuales con Estados Unidos e Israel.
Hace 128 años, por el Tratado de París, se consumó nuestra última pérdida territorial: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Confiemos en que no se convierta en la penúltima a causa de la desidia política y los ciudadanos españoles no nos asomemos una vez más a otro “98”, es decir, a la postración, frustración y depresión colectivas.
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