Los profesores interinos se han convertido en un problema para la Junta de Andalucía. La huelga extendida a los cinco días de la semana y los recientes encierros en Sevilla y Málaga por parte de este colectivo afectan a unos 8000 alumnos de estas enseñanzas. Reclaman que las oposiciones se aplacen al 2018, convocándose de manera coordinada con el resto de comunidades, evitando el «efecto llamada» y poder beneficiarse de un nuevo sistema de acceso por la estabilidad y consolidación del profesorado interino, en el que actualmente están trabajando el Gobierno y los Sindicatos CC.OO, UGT y CSIF.
En Andalucía, las exiguas convocatorias anteriores han dejado a un gran número de opositores aprobados sin plaza, en su mayoría pertenecientes a este colectivo. Tras 7 años sin convocar oposiciones en muchas de las especialidades, los profesores interinos se encuentran a día de hoy en una situación de total inseguridad. La actual convocatoria establece pruebas eliminatorias, y el reconocimiento del tiempo de servicios trabajado se convierte en una quimera, al valorarse -sólo si el opositor logra superar todas las pruebas- en un 10% de la puntuación global.
Las tasas de interinidad en el sector educativo son vergonzosas y han sido denunciadas por la UE. La legislación sobre contratos temporales, recogida en la Directiva 1999/70, no justifica su renovación para satisfacer necesidades que de hecho no son temporales, sino permanentes y duraderas. Esta práctica vulnera los derechos de los trabajadores interinos y constituyen un abuso por parte de las administraciones. La UE demanda un esfuerzo para reducir las tasas de interinidad, pero no a cualquier precio, convirtiendo la situación de este colectivo en un caso sangrante, como actualmente está sucediendo en Andalucía. El reciente «caso Mascolo» ha abierto el debate sobre el derecho a una indemnización en el caso de interinos por vacante, que encontrándose en un uso abusivo de la contratación temporal por parte de la administración, se quedan en la calle. Pero el colectivo de interinos en huelga lucha por continuar trabajando y porque las administraciones, a fuerza de «parchetazos» no traten de tapar el problema.
Sra. Consejera con su nombramiento este colectivo le pide un aplazamiento de las oposiciones al 2018. Pedimos que se invierta el tiempo necesario en estudiar y buscar una solución real al conflicto, evitando que se nos convierta en un nuevo «caso Mascolo». La situación requiere de un serio consenso a nivel nacional, para dotar de estabilidad a los funcionarios interinos, valorando de manera justa sus servicios prestados a la Administración educativa y, por tanto, sus años de experiencia en el sector. Deseamos que con su altura de miras se evite infringir más daño a un sector que ha estado a la deriva durante demasiado tiempo.
Una profesora interina. GRANADA
