Como decía Alberto Arriazu, presidente de FEDADI (Federación de Asociaciones de Directores de Instituto), “nadie ha pensado en los alumnos”. Pero, ¿se puede hacer una Ley educativa, sin pensar en los alumnos? Pues así parece que se ha hecho con la LOMCE.
Hay muchas razones para oponerse a las pruebas externas del alumnado y de los centros, en las que aquí no podemos entrar, pero en el caso de la LOMCE, además es que deja sin salida a los alumnos que no la aprueben. Ahora empiezan a darse cuenta, y el Ministerio promete arreglar los desajustes para septiembre. Pero tengo muchos amigos entre los directores y directoras y, como se quejan con razón, así no se puede llevar la dirección de un centro público, tras aguantar la más “desastrosa” implantación de la LOMCE en ESO y bachillerato. Se dejó todo empantanado y el ministro “huido” a París. Este es el legado de la Reforma educativa del PP.
Algo similar (es decir, sin planificar) sucede con los alumnos que repitan este año 2º de Bachillerato: son los últimos de la LOE, pero el próximo curso se implanta la LOMCE. Las asignaturas serán distintas, teniendo que hacer al final una reválida, cuyos contenidos serán de la LOMCE y no de las materias de la LOE cursadas. Así, un alumno estudia “Filosofía” (troncal de 1º de Bachillerato en la LOE), pero en 2º de Bachillerato LOMCE no existe como tal, sino Historia de la Filosofía, que es opcional. ¿De qué se examina? ¿De una materia un año después de haberla cursado? El presidente de FEDADI decía, “es algo grotesco”.
Dejar tantas piezas desencajadas, hasta niveles desconocidos hasta ahora, no es más que una manifestación de la incapacidad de los legisladores. |
Dejar tantas piezas desencajadas, hasta niveles desconocidos hasta ahora, no es más que una manifestación de la incapacidad de los legisladores. El consejero de Educación de Castilla y León, Fernando Rey, sintonizando con la herencia recibida por el actual ministro de Educación, por ejemplo, cuestiona el valor académico de las “reválidas”, sobre todo la de 6º de Primaria, declarando (revista Magisterio): “Que la prueba de 6º tenga valor académico solo se le ocurre a un descerebrado”. Pues, entonces, “descerebrados” han de haber sido el equipo del MECD que las han diseñado.
El asunto, por tanto, no es Wert o sus normativas, sino lo mal hechas que están. Así, la LOMCE deja “en el limbo” a los que estudiantes que aprueben el curso pero no el examen de “reválida”. Los que no aprueben la reválida de la ESO no pueden repetir 4º de la ESO, ni pueden hacer la Formación Profesional Básica (opción para los que no han aprobado 3º), ni cursar FP de Grado Medio ni pasar a Bachillerato y el borrador que regula esta prueba no soluciona su situación. El sistema no ha previsto alternativas para ellos. Tampoco para los que acaban Bachillerato y suspenden la prueba. No pueden ir a ningún lado. Ante esta situación, como ha reclamado FEDADI, sería deseable una “prórroga de un año para que los estudiantes que no pasen, no se queden descolgados y puedan terminar con el plan actual”.
La ideología neoconservadora (“solo puedan estudiar los que valen y aprueban”) juega una mala pasada con la demanda europea de bajar las tasas de abandono escolar temprano. Por eso, en el caso de ESO, la superación de la prueba de evaluación final tampoco debe ser vinculante para el acceso a estudios posteriores. En esta situación, como ha defendido FEDADI (Congreso de Valencia, mayo 2016) se “puede o debe hacer pruebas de diagnóstico —para conocer y evaluar ‘la salud del sistema’— pero no que sean necesarias para que el alumno siga estudiando”.
Creo que es la salida más oportuna, con una condición, que he defendido en otros lugares. Si es preciso ver en qué contextos no se está ofreciendo una educación deseable, a la que —como ciudadanos— tienen derecho los alumnos, a cambio, en aquellos centros que no llegan recíprocamente, la Administración educativa ha de poner los medios, recursos e incentivos que hagan posible la mejora. La evaluación de centros requiere, paralelamente, proporcionar los medios y procesos de mejora que capaciten a los centros para responder a los estándares establecidos. En caso de no hacerlo, como suele ser habitual, la evaluación externa de centros sólo sirve para empeorar (señalar a los que están mal).
(*) Antonio Bolívar Botia. Catedrático de Didáctica y Organización Escolar. Universidad de Granada