Desde que nuestro país se constituyó en democracia con la aprobación de la Constitución (1978) los docentes han tenido que lidiar con diversas y abundantes leyes: Ley orgánica del estatuto de centros escolares (1980); Ley orgánica reguladora del derecho a la educación (1985); Ley orgánica de ordenación general del sistema educativo (1990); Ley orgánica de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes (1995); Ley orgánica de calidad de la educación (2002); Ley orgánica de educación (2006); Ley orgánica de mejora de la calidad educativa (2013); Ley orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación; y Ley orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. También al profesorado le afectan muchas de las cuestiones recogidas en la Ley 2/2023, de 15 de marzo, de empleo público. Cada una de estas leyes no fue fruto del acuerdo entre partidos sino decisión del partido que la promulgó cuando estaba en el Gobierno.
Esta proliferación normativa ha llevado a los docentes, con una frecuencia mayor que la deseada, a la desorientación en el desarrollo de sus funciones, y a confusiones de diversa índole a familias y alumnos. Esto debe acabarse y bastaría con que los políticos se pusieran de acuerdo en urdir un “Pacto de Estado por la Educación”, dado que ésta no puede estar regida ni por la ideología, ni por los principios ni por las prácticas de un partido concreto, sino presidida por el consenso mayoritario entre políticos. Si esto se llegara a conseguir (ya se hizo con las pensiones), entiendo que el Pacto debería recoger, entre otras, esta docena de propuestas que a continuación expongo:
- En el frontispicio de la Declaración del Pacto se ha de explicitar el valor del profesorado para un país, para una nación, pues instruye y forma a sus alumnos y conforma su capital humano.
- Es imprescindible aumentar el temario de los maestros para el acceso a la función pública docente que en la actualidad es de veinticinco temas, a todas luces insuficiente. En este acceso se ha de potenciar la valoración de los méritos docentes como una forma de incentivar al profesorado a formarse.
- Diseñar la carrera del profesorado de Educación Secundaria que a día de hoy es inexistente. El actual Máster Universitario del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas debió ser una opción transitoria que dura ya demasiado tiempo. En este diseño, el contenido relacionado con la acción tutorial ha de ser potente y prioritario. Los aspirantes a funcionarios docentes creen que solo van a ser profesores de su asignatura, y cuando comienzan a ejercer les resulta extraño ver que también son tutores de sus alumnos, cuestión nada trivial. Esta función deberá ser reconocida administrativamente.
- Las Facultades de Educación han de volver a ofertar de nuevo las especialidades de Pedagogía Terapéutica, Audición y Leguaje, o cualquier otra con este perfil, para que la atención al alumnado que presenta necesidades educativas especiales sea eficiente. De lo contrario, ¿cómo se puede afirmar que “Todos los alumnos han de alcanzar su máximo desarrollo personal, intelectual y social”? En este sentido, es necesario dotar a los centros de más profesores especializados en la atención a la diversidad.
- El currículo de todas las etapas educativas ha de estar presidido por los cuatro pilares que Jacques Delors estableció en la obra colectiva “La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la educación para el siglo XXI” (1996): aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. De éstos, aprender a hacer, es decir, saber aplicar los saberes adquiridos a la resolución de problemas concretos, adquiere hoy un valor especial bajo el “Modelo de Aprendizaje Basado en Competencias”.
- Estos currículos, que han de estar atravesados por valores, deben ser abiertos y flexibles de manera que puedan adaptarse al contexto socio-cultural donde el docente trabaja. A todos nos consta que las circunstancias de un niño de una pedanía del interior de Andalucía no son las mismas que las de un niño que vive en un barrio acomodado de una capital, aunque uno como otro deban adquirir los objetivos que las leyes tienen establecidos para ellos.
- Toda la etapa de Educación Infantil (0-6 años) deberá ser gratuita, no sólo el segundo ciclo. Por lo tanto, en sus dos ciclos se atenderá la instrucción y la formación de los niños en los diferentes contenidos curriculares de sus áreas: Crecimiento en Armonía. Descubrimiento y Exploración del Entorno. Comunicación y Representación de la Realidad.
- Es importante recalcar que el aprendizaje de la lecto-escritura no es propio de esta etapa, aunque sí se debe favorecer una primera aproximación a su adquisición que luego se afianzará en Educación Primaria. Ésta es una cuestión que con frecuencia genera conflictos entre profesores y padres por la premura de éstos en que sus hijos aprendan cuanto antes a leer y a escribir: ¡todo lleva su tiempo! Objetivo irrenunciable será que los alumnos acaben la Educación Primaria con el hábito lector adquirido y redactando escritos con precisión argumental, coherencia y corrección ortográfica…, que no es poco.
- Hay que motivar a los alumnos con metodologías dinámicas si no queremos que estén siempre pegados al móvil buscando temas de su interés. Éste es un artilugio muy potente pero bastante pernicioso si lo dejamos al albur de los niños. Los saberes han de dejar de transmitirse mediante exposiciones magistrales aburridas y pasivas. Tal vez, de entre todos los elementos del currículo, sea la metodología donde el profesorado requiera de una mayor actualización.
- Es fundamental favorecer la participación de los padres en la educación de sus hijos; de hecho, esta participación viene recogida por ley. Pero igual de importante es establecer el límite de esta participación. Quiero decir que existen cuestiones que competen solo a los profesores y en las que los padres no deben entrar. Su intromisión en dichas cuestiones genera conflictos que salen del contexto escolar para dirimirse en instancias superiores: esto no lleva a ningún sitio.
- Los alumnos deben ser conscientes de que nada les es regalado, que todo se consigue con esfuerzo y trabajo. Por lo tanto, hay que hacerles ver el valor del estudio desde la propia familia para convertirse en ciudadanos responsables y en trabajadores cualificados que de mayores han de insertarse en el mundo laboral.
- La orientación de los alumnos en sus ámbitos personal, educativo y profesional deviene hoy más importante que nunca. La UNESCO establece una ratio de 1/250 orientadores en la Educación Secundaria. En nuestros centros está en torno a 1/900. Se deberá trabajar para conseguir lo prescrito por este organismo que algo sabe de esto.
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