Estatuir –del latín statuĕre– significa establecer, ordenar, determinar (RAE). Fijaos que –en el lenguaje político– hay palabras que no solo describen acciones, sino que revelan una forma de entender el poder. “Estatuir” es una de ellas.
Es cierto que gobernar implica elegir, priorizar, resolver conflictos, y que las normas claras generan seguridad jurídica, permiten previsibilidad y refuerzan la confianza en las instituciones. Pero los políticos que “estatuan” –a diestro y siniestro– van un paso más allá: fijan decisiones en el tiempo, dotándolas de una apariencia de inevitabilidad, repitiendo prácticas administrativas sin cuestionamiento y consolidando excepciones como reglas –aunque no siempre acompañen sus decisiones con una ley o un decreto formal–.
Así, el problema surge cuando el acto de impuesto deja de responder a una necesidad colectiva y pasa a convertirse en una inercia. Cuando lo que se dicta no es lo mejor, sino simplemente lo habitual. Cuando la repetición sustituye al debate. En esos casos, las instituciones corren el riesgo de blindar prácticas que deberían revisarse, elevando a la categoría de norma lo que quizá no fue más que una solución coyuntural.
No toda decisión merece convertirse en regla, ni toda práctica debe consolidarse sin discusión. La calidad institucional no depende solo de la capacidad de producir normas, sino también de la voluntad de revisarlas, cuestionarlas y, llegado el caso, deshacerlas.
Porque “estatuir”, en su sentido más profundo, no debería ser un acto automático. Debería ser una decisión consciente, deliberada, sometida a escrutinio. Solo así las instituciones dejarán de ser meros reproductores de hábitos y pasarán a ser verdaderos espacios de construcción democrática.
En última instancia, la pregunta no es si nuestras instituciones “estatuyen” –porque inevitablemente lo hacen–, sino qué están eligiendo convertir en norma y con qué grado de reflexión. Ahí, precisamente, se juega buena parte de su credibilidad.
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